La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fedape) solicitará al Gobierno de Guatemala que autorice la ejecución de una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por la presunta responsabilidad de delitos electorales durante su administración.
La orden de aprehensión se concedió desde hace más de un año por un juez federal en México, pero no se pudo ejecutar durante el proceso de extradición de Duarte desde Guatemala, país en el que fue detenido por agentes federales en abril de 2017.
Ante esto, autoridades de la Fedape aseguraron que las cláusulas del tratado de extradición entre Guatemala y México indicaron que una persona solo puede ser extraditada por hechos que sean delitos entre ambos países, dado que los delitos electorales no están tipificados en el país centroamericano.
“Sí, se había solicitado la orden de extradición, pero el delito por la cual se solicitó no existía en Guatemala”, aseguró un representante de la Fepade, quien dijo que la solicitud no quedó cancelada, por lo que se busca que un grupo de expertos valoren el caso y preparen un nuevo documento para que se adapte al marco legal del gobierno guatemalteco y de esta forma se dé el aval a la orden.
De acuerdo a los fiscales de la Fepade, la solicitud será presentada por representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que las autoridades de Guatemala valoren si se procede o no; en caso de que esta sea rechazada, tendrá que archivarse de forma definitiva.
Sin embargo, esta no es la única acusación pendiente en contra de Duarte de Ochoa, ya que también es acusado de desaparición forzada, ya que de acuerdo a una investigación ministerial, el exgobernador supo de una serie de desapariciones sistemáticas que cometió la Policía Estatal a su mando y cada caso fue encubierto por la Fiscalía de la entidad.
Esta acusación tampoco puede ejecutarse sin la autorización de Guatemala, debido a la cláusula de especialidad del tratado de extradición, que indica que una persona extraditada no puede ser procesada más que por los delitos por los cuales se pidió su entrega.