La llegada de Ricardo Gallardo a Palacio de Gobierno, significó el desplazamiento de élites políticas y económicas locales que se asumían inamovibles e indispensables.
Y es que en dos gobiernos consecutivos en San Luis Potosí, la llamada “herencia maldita” mantuvo un pacto de impunidad desde el poder estatal: los gobernadores priistas Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras López, fungieron como un solo y hundieron a la entidad en una de sus peores épocas de corrupción de la historia potosina.
Este ciclo de doce años, concluyó cuando ganó el favorito del pueblo, quien fue antes uno de los alcaldes más jóvenes de Soledad, no es un político tradicional sino un líder carismático que encabeza un movimiento social anclado en las clases populares.
Desde sus primeros meses como gobernador, Ricardo Gallardo comenzó a hacer realidad lo que prometió:
- Obra pública de beneficio colectivo.
- Aplicación de programas sociales.
- Presentación de denuncias contra exfuncionarios que saquearon el presupuesto de salud, seguridad pública, obras, comunicaciones y transportes entre otros rubros.
El daño al erario que causó el exgobernador Juan Manuel Carreras y su gabinete es multimillonario y el monto total sigue en proceso de cuantificarse, pero solo en salud supera los 1,700 millones de pesos.
Al día de hoy, gracias a esta nueva administración se encuentra preso: el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, además la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel, y según Ricardo Gallardo están por girarse más órdenes de aprehensión contra otros exfuncionarios del gobierno pasado.
La respuesta de la ciudadanía ha sido clara y contundente: “que regresen lo robado y que esos recursos los destine el gobierno a los programas sociales que alivien la pobreza de miles de potosinos”.